El borrador del reglamento que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), impulsado durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, enfrenta una fuerte oposición desde el mundo empresarial. El documento, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y actualmente en consulta pública, ha sido cuestionado por generar incertidumbre respecto al futuro de inversiones, operaciones e infraestructura en distintas industrias.
La propuesta establece los procedimientos para la creación y gestión de áreas protegidas, así como los planes de manejo que definirán las actividades permitidas tanto dentro como en los alrededores de estos territorios, que abarcan cerca del 21% del país. Sin embargo, empresas y gremios advierten que el texto no asegura adecuadamente la continuidad de derechos y concesiones vigentes, lo que podría afectar sectores estratégicos.
Desde Codelco se alertó sobre la falta de claridad en la compatibilidad entre protección ambiental y actividades productivas, mientras que Transelec planteó dudas sobre el impacto en infraestructura crítica como líneas de transmisión. En la misma línea, Aguas Andinas advirtió riesgos para el abastecimiento de agua potable, y el gremio Generadoras de Chile señaló la incertidumbre sobre proyectos energéticos en zonas que podrían quedar bajo protección.
Uno de los puntos más cuestionados proviene de la Sociedad de Fomento Fabril, que advirtió que el reglamento podría afectar derechos adquiridos e incluso derivar en restricciones a la propiedad privada sin compensación, especialmente en las denominadas “zonas de amortiguación”. Estas áreas, ubicadas en torno a los espacios protegidos, podrían quedar sujetas a limitaciones cuyo alcance no está claramente definido en el texto.
Las críticas también apuntan a vacíos técnicos, como la falta de criterios claros para establecer restricciones, la ausencia de líneas de base ambiental y la posibilidad de que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) imponga medidas provisionales sin suficiente respaldo legal. Según los sectores productivos, esto podría generar incertidumbre jurídica y afectar la continuidad de actividades como la minería, la energía y la acuicultura.
Desde el ámbito ambiental, en tanto, organizaciones como Greenpeace han manifestado una crítica en sentido contrario, señalando que el reglamento sería insuficiente para garantizar una protección efectiva de la biodiversidad, al mantener espacios de flexibilidad frente a intereses productivos.
El proceso de consulta pública se extenderá hasta el 28 de abril, tras lo cual el Ejecutivo deberá analizar las observaciones y definir el texto final del reglamento, en medio de un debate que enfrenta desarrollo económico y conservación ambiental. (NP-ChatGPT-Emol)
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