El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó una propuesta de subsidio estatal equivalente al 10% de la remuneración para trabajadores con ingresos cercanos al salario mínimo. La medida busca frenar la informalidad laboral, que mantiene la tasa de desocupación sobre el 8% por más de tres años consecutivos. Según detalló la autoridad, el beneficio estará dirigido en un 90% a las pequeñas y medianas empresas, sector que concentra la mayor parte de la fuerza laboral sujeta al sueldo básico.
El secretario de Estado explicó que el aporte se focalizará en empleados en riesgo de caer en la informalidad, estableciendo un umbral de ingresos aún por definir. La iniciativa surge como una respuesta de emergencia ante la debilidad del mercado laboral, intentando aliviar los costos operativos de las empresas de menor tamaño y proteger los puestos de trabajo existentes en un contexto económico complejo.
CRÍTICAS DE LA CUT Y EXPECTATIVA EN GREMIOS
Desde el mundo sindical, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, cuestionó el enfoque de la medida, asegurando que el subsidio podría terminar beneficiando las utilidades de las empresas en lugar de crear nuevos empleos. Díaz enfatizó que la informalidad responde a los bajos salarios y no a la falta de incentivos para los empleadores, abogando por que el apoyo estatal llegue directamente a los trabajadores.
En contraste, los gremios de las pymes recibieron el anuncio con cautela pero valoraron el foco en su sector. Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, y Jorge Welch, de la Asech, coincidieron en que proteger el empleo formal debe ser una prioridad, aunque advirtieron que la implementación debe ser simple y complementarse con alivios tributarios. Por su parte, desde Conapyme solicitaron conocer el detalle del proyecto para asegurar que el porcentaje del subsidio sea efectivo frente al alza de los costos de vida. (NP-Gemini-Emol)
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