El parlamentario del PDG solicitó información detallada sobre el impacto de la medida impulsada por el Servicio Nacional de Migraciones y, además, ofició a Gendarmería de Chile para evaluar posibles sobrecargas operativas y necesidades de recursos en el sistema penitenciario.
El diputado Fabián Ossandón (PDG) ofició al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, con el objetivo de esclarecer los alcances de la anunciada creación de una unidad de Fiscalización y Expulsiones y sus efectos en el funcionamiento de Gendarmería de Chile, debido a que este organismo se encarga de los protocolos de traslado y custodia de internos que deben ser puestos a disposición de la PDI para su expulsión efectiva.
En paralelo, el parlamentario también envió un oficio a la Dirección Regional de Gendarmería en Antofagasta, solicitando antecedentes sobre el impacto operativo, funcional y presupuestario que esta nueva política podría generar en la institución, especialmente en materias de custodia, traslado y seguridad de personas sujetas a procesos de expulsión y que se encuentren privados de libertad.
La acción fiscalizadora busca determinar si esta nueva estructura implicará mayores cargas laborales, reasignación de funcionarios o la necesidad de reforzar dotaciones e infraestructura, particularmente en la macrozona norte, donde la presión migratoria ya representa un desafío relevante.
En esa misma línea, se solicitó información sobre la eventual existencia de protocolos de coordinación entre Gendarmería, el Servicio de Migraciones y otros organismos del Estado, además de los recursos humanos, logísticos y presupuestarios contemplados para su implementación.
Al respecto, el diputado fue enfático en manifestar que “esto nos preocupa profundamente. No se puede anunciar una unidad de expulsiones sin claridad sobre el impacto en Gendarmería y el sistema penitenciario. Por eso hemos oficiado y exigimos explicaciones urgentes. Nuestra región y el norte del país enfrentan una alta presencia de personas que han ingresado de forma irregular, y no podemos permitir que decisiones mal planificadas sobrecarguen aún más a instituciones que ya están al límite. Aquí se necesitan medidas responsables, con coordinación y recursos reales, no solo anuncios”.
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