Una fuerte controversia estalló en el Congreso tras revelarse un reportaje que acusa el traspaso de más de $500 millones desde Noruega hacia comunidades lafkenche en el sur de Chile. Los fondos, canalizados a través de una ONG vinculada al gobierno noruego, habrían sido utilizados para financiar reclamaciones territoriales que mantienen paralizados diversos proyectos de la industria salmonera, sector donde Noruega es el principal competidor global de Chile.
Parlamentarios de diversos sectores calificaron el hecho como una “intromisión inaceptable” y una forma de “competencia desleal”. El diputado Alejandro Bernales (PL), presidente de la Comisión de Pesca, anunció la citación de autoridades para aclarar el destino de estos recursos, advirtiendo que, de confirmarse que ciudadanos chilenos reciben pagos para perjudicar el crecimiento económico nacional, podrían arriesgar sanciones penales. En la misma línea, desde la oposición, diputados de la UDI y RN solicitaron oficiar a Cancillería y plantearon la urgencia de modificar o derogar la Ley Lafkenche para evitar lo que consideran un “abuso” de la normativa.
En contraste, desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo defendió la vigencia de la protección ambiental y de los derechos indígenas. La parlamentaria cuestionó el origen de las denuncias y enfatizó que no se deben permitir retrocesos en la regulación de la industria salmonera, priorizando el resguardo de los territorios ancestrales y el ecosistema marino por sobre los intereses de expansión económica de las empresas del rubro.
La Ley Lafkenche (N° 20.249), vigente desde 2008, otorga a las comunidades la facultad de solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). El conflicto radica en que, mientras se tramita una solicitud de este tipo, todas las demás concesiones en la zona —incluidas las salmoneras— quedan suspendidas, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre los derechos culturales y el desarrollo productivo en la macrozona sur.
EMBAJADOR DE NORUEGA DESCARTA INJERENCIA
Tras la polémica desatada por un reportaje de TVN que reveló financiamiento noruego a comunidades lafkenches en el sur de Chile, el embajador de Noruega, Per Anders Nilsen, emitió una declaración pública para precisar el rol de su país en la controversia. El diplomático fue enfático en señalar que las decisiones regulatorias de Chile son soberanas y que no existe una política estatal de su gobierno para intervenir en la industria nacional.
La aclaración surge en un momento de alta tensión, dado que Chile y Noruega son los dos principales productores de salmón a nivel global, concentrando más del 80% de la oferta internacional. Sectores políticos y gremiales chilenos habían manifestado su suspicacia ante la posibilidad de que recursos extranjeros financiaran acciones destinadas a frenar la expansión de la salmonicultura local, favoreciendo indirectamente al competidor nórdico.
El embajador Nilsen entregó detalles clave para contextualizar el origen de los recursos mencionados en la investigación periodística:
- Temporalidad del proyecto: Explicó que la ONG Norwegian People’s Aid colaboró con una organización chilena entre los años 2004 y 2014. Se trata de una iniciativa antigua que ya concluyó y que no representa la postura actual del Ejecutivo noruego.
- Autonomía de la sociedad civil: Subrayó que en Noruega las organizaciones sociales pueden solicitar fondos estatales para proyectos internacionales, incluso si sus agendas políticas no coinciden con las del gobierno de turno.
- Independencia operativa: Recalcó que dicho financiamiento fue un proyecto independiente y que “Chile decide evidentemente sus propias políticas y leyes, sin ninguna injerencia extranjera”.
El diplomático destacó que la relación entre ambas naciones trasciende la competencia comercial. Recordó que instituciones de ambos países llevan más de 20 años colaborando en investigación científica, ciencia y administración pública para mejorar los estándares de la industria. “El mercado es lo suficientemente grande para ambos sectores”, afirmó, asegurando que el objetivo común es el desarrollo de una actividad beneficiosa para el medio ambiente y las economías locales.
Pese a las explicaciones de la embajada, la controversia ha reactivado el debate legislativo en el Congreso chileno. Diversos parlamentarios han solicitado revisar la Ley Lafkenche y endurecer las normativas de transparencia para las ONGs que reciben aportes del exterior, con el fin de resguardar la soberanía económica en sectores estratégicos como la acuicultura. (NP-Gemini-Emol)
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