Pesquera Blumar presenta demanda contra el Estado por cambios en Ley de Fraccionamiento

La empresa pesquera Blumar inició una acción judicial contra el Estado de Chile tras la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en 2025. La compañía argumenta que la nueva normativa altera de forma anticipada el marco regulatorio establecido en 2013, el cual definía las reglas de operación y la distribución de cuotas de pesca hasta el año 2032. Según la firma, el cambio legal se realizó sin contemplar compensaciones, lo que vulneraría los principios de seguridad jurídica bajo los cuales se acogieron a un régimen de licencias por 20 años renunciando a autorizaciones indefinidas.

Desde la empresa señalaron que el estatuto de 2013 fue la base para sus decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional. Por esta razón, califican la modificación actual como una afectación patrimonial grave equivalente a una expropiación regulatoria, al no existir mecanismos de indemnización por el término anticipado del régimen pactado originalmente. Blumar enfatizó que el camino institucional para proteger los intereses de sus accionistas, trabajadores y comunidades es ejercer las acciones legales que contempla el ordenamiento nacional ante alteraciones unilaterales de la ley.

En cuanto a las repercusiones económicas, estudios preliminares de expertos independientes estiman que el perjuicio para la compañía asciende a unos 216 millones de dólares. Este impacto financiero comprometería la sostenibilidad de la firma y sus planes de crecimiento futuro. La empresa advirtió que la reducción de cuotas afecta directamente el desarrollo de proyectos de jurel para consumo humano, un recurso clave en la Región del Biobío que ha visto mermada su disponibilidad industrial tras el nuevo fraccionamiento aprobado por el Congreso.

Debido a este nuevo escenario regulatorio, Blumar informó que se ha visto obligada a reevaluar una inversión de 45 millones de dólares en la comuna de Coronel. Dicho proyecto contemplaba la creación de 250 empleos directos e indirectos, los cuales se encuentran actualmente en riesgo. La compañía se suma así a otras empresas del sector, como Camanchaca, que también han recurrido a la justicia para reclamar por los daños económicos derivados de la nueva legislación pesquera nacional. (NP-Gemini-Emol)