Codelco presentó una querella criminal en el marco del caso conocido como «Muñeca Bielorrusa», la cual fue declarada admisible este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción penal apunta a presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, basándose en los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la reciente formalización de algunos de los imputados.
La querella se dirige contra ocho personas, incluyendo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y otros abogados, un contador y tres conservadores de Bienes Raíces:
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN PENAL
Codelco afirma que las actuaciones descritas por la Fiscalía confirman las irregularidades que detectó desde 2023 en la tramitación de su demanda contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM). Estas resoluciones irregulares obligaron a la estatal a pagar más de $17 mil millones de pesos al consorcio.
La empresa sostiene que existe un «patrón de comportamiento» donde la exministra Vivanco habría intervenido de manera reiterada para favorecer los intereses de CBM. Específicamente, el libelo acusa a Vivanco de haber efectuado gestiones, incluyendo la orden de dictar resoluciones, para que una sala de la Corte Suprema conociera del recurso contra Codelco sin cumplir con los procedimientos reglamentarios, como el previo decreto del presidente del máximo tribunal.
Codelco sostiene que estas acciones constituyen «infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja». La querella incluye como pruebas clave:
Una serie de depósitos en efectivo recibidos por la pareja de la exministra «inmediatamente después» de que Codelco realizara pagos millonarios al consorcio.
Pagos de Movitec al estudio Lagos y Vargas que coinciden con resoluciones desfavorables para Codelco.
Operaciones atribuidas a los conservadores para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Codelco, que fue reconocida como víctima en la investigación abierta por el Fiscal Nacional en 2024, enfatizó que actuará «con el máximo rigor para la defensa de la fe pública y la protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos». (NP-Gemini-Emol)
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