El escándalo de los cobros excesivos en las cuentas de la luz, originado por un error metodológico en el cálculo de las tarifas, ha escalado con una nueva y delicada arista que involucra a la empresa transmisora Transelec. Se ha revelado que esta compañía también habría incurrido en sobrecargos, una situación que, según los antecedentes, habría sido informada al Ministerio de Energía hace un año, cuando la cartera era aún liderada por el entonces secretario de Estado, Diego Pardow.
Esta revelación ha provocado una inmediata tensión en el Congreso Nacional, donde tanto el oficialismo como la oposición han manifestado su crítica. Lo más relevante es que el nuevo antecedente ha reactivado la amenaza de una acusación constitucional contra el exministro Pardow, libelo que se había desactivado tras su salida del cargo.
La iniciativa de acusación fue originalmente anunciada hace una semana por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes en ese momento habían dado un ultimátum al Gobierno para que Pardow dejara su puesto, advirtiendo que de no hacerlo presentarían el libelo. A este llamado se sumaron rápidamente las bancadas del Partido Republicano y de Renovación Nacional. Además, diputados del Partido Social Cristiano, del Partido Demócrata y de Evópoli se habían mostrado abiertos a estudiar la acción constitucional.
En este contexto de resurgimiento de la polémica, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, anticipó en conversación con Radio Pauta que «tengo la sensación de que esto va a traducirse en que va a revivir una acusación constitucional contra mi exministro Pardow«. El legislador recordó que, legalmente, «los ministros, una vez que dejan su cargo, siguen respondiendo constitucionalmente», señalando que la información preliminar hace «muy probable que eso acontezca».
Finalmente, Schalper destacó que, en paralelo a la arista de la responsabilidad política, existe la dificultad respecto a la restitución de los recursos cobrados en exceso. Explicó que, al tratarse de temas tarifarios, la iniciativa legislativa para resolver la devolución recae exclusivamente en el Gobierno, ya que los parlamentarios no tienen facultad para levantar proyectos de ley que afecten este tipo de materias. (NP-Gemini-Emol)
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