Los recientes cambios en la legislación laboral chilena han generado un aumento significativo en los costos para las empresas, lo que, según economistas y gremios, explica la persistente debilidad del mercado laboral. Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) cuantificó que el alza del salario mínimo a $529 mil, la reducción de la jornada a 40 horas y el incremento del 1% en cotizaciones previsionales han elevado los costos laborales en un 23,7%.
Este aumento está proyectado a crecer: LyD estima que el costo laboral total aumentará hasta en un 30% real hacia fines de 2026, impulsado por el alza adicional del 2% en cotizaciones por la reforma de pensiones y la continuidad de la reducción de la jornada (42 horas) y el salario mínimo ($539.000).
Adicionalmente, el empresariado se encuentra en alerta, monitoreando otros 24 proyectos de ley, principalmente impulsados por parlamentarios del oficialismo, que podrían acrecentar este costo. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, afirmó que los efectos de este aumento de costos son evidentes en la tasa de desempleo del 8,7%, en los 2,4 millones de personas en la informalidad y en el medio millón que no se incorporó a la fuerza laboral. «Si seguimos incrementando los costos laborales, tener un empleo se convertirá en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar», advirtió Vial.
Esta preocupación es compartida por la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien destacó la persistente debilidad del mercado laboral, con un desempleo que supera el 8% por 32 meses consecutivos. Jiménez citó el aumento de los costos laborales y la rigidez regulatoria como factores clave de esta debilidad.
De los 24 proyectos en la mira, la CCS pone especial atención en la iniciativa de negociación colectiva ramal impulsada por la bancada socialista, la cual consideran que impone condiciones a empresas de distintas realidades y tamaños, limitando la «flexibilidad mínima y necesaria».
Otros proyectos que generan gran preocupación incluyen las iniciativas que buscan decretar nuevos feriados irrenunciables (como el Viernes Santo o el 1 de mayo) y aquellos que plantean eliminar el tope de 11 años de la indemnización por años de servicio, haciendo que esta sea ilimitada, lo que, según Vial, es una carga «desproporcionada» para las empresas.
Finalmente, la CCS resaltó el proyecto que busca elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa, argumentando que esto limita gravemente los mecanismos para que las compañías se adecuen al entorno económico.
Jiménez (CPC) enfatizó que la agenda laboral en el Congreso debe «mirar esta compleja realidad del mercado laboral y priorizar el análisis técnico por sobre consideraciones ideológicas», alertando que estas iniciativas van en el sentido contrario de facilitar la contratación y la formalidad.
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