El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) puso fin anticipado al contrato con la empresa Concordia, encargada de desarrollar uno de los productos clave del reglamento de la Ley 21.553 (conocida como «Ley Uber»), generando una ola de críticas en el Congreso. La decisión se tomó para «salvaguardar el mandato impuesto por la ley» y debido a la «detección de incumplimientos en las exigencias solicitadas por el MTT.»
El MTT informó el miércoles que el término del vínculo contractual busca dar garantías a los actores involucrados, y que ya se trabaja en la contratación de una nueva empresa para continuar con la labor. La cartera espera que la nueva firma pueda operar a la brevedad, mientras paralelamente avanza en la plataforma de big data para el registro de empresas, conductores y vehículos.
La ley ya enfrentaba críticas previas. Uber, a través de su vicepresidente de Políticas Públicas Globales, Andrew Byrne, envió una carta al embajador de Chile en EE. UU., manifestando «preocupaciones urgentes sobre la privacidad de los datos de usuarios». Uber acusó que los requisitos de recopilar información sensible como género, ubicación precisa y marcas de tiempo, sin garantías adecuadas, parecen «incompatibles con la letra de la Ley», que exige la recopilación de datos en formato agregado y anónimo.
OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES
La decisión de poner fin al contrato con Concordia, que supuestamente involucra un monto considerable (más de $500 millones), desató una fuerte reacción en el Congreso, incluyendo la citación del ministro Juan Carlos Muñoz a la Comisión de Transportes.
UDI y Republicanos: El diputado Jorge Alessandri (UDI) calificó la situación de «bochornosa» y acusó al ministro Muñoz de «total falta de seriedad», mencionando «licitaciones fallidas, contratos por trato directo con empresas sin experiencia y más de mil millones de pesos botados a la basura». Alessandri y el diputado Juan Antonio Coloma (Republicanos) anunciaron la citación del ministro y subsecretario para que «rindan cuentas» por la adjudicación directa y por no haber entregado «ninguna información relevante» tras recibir más de $500 millones. La diputada Sofía Cid (Republicanos) criticó la «improvisación» con la que el Gobierno administra los recursos públicos, afectando a las regiones.
Oficialismo: El diputado Jaime Mulet (FRVS), también integrante de la Comisión de Transportes, sostuvo que la situación «ya no es casualidad» y lamentó los «$513 millones perdidos» y el tiempo transcurrido, beneficiando a las empresas de aplicación al no entrar la ley en vigencia. Mulet afirmó que la demora daña a los taxistas y pone en riesgo la «seguridad de los pasajeros» por la falta de control.
El consenso entre oficialismo y oposición es que el manejo del proceso «sobrepasó todos los límites aceptables» y debe ser fiscalizado a fondo. (NP-Gemini-Emol)
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