Comisión de Seguridad rechaza levantar secreto bancario para la CMF

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados rechazó, por 6 votos en contra y 5 a favor, el artículo que permitía el levantamiento del secreto bancario para la Comisión del Mercado Financiero (CMF). La votación fue liderada por la oposición, frustrando una herramienta que el Gobierno buscaba extender también a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como parte del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

El artículo rechazado autorizaba a la CMF a requerir información de operaciones bancarias, sin restricción, con el voto de al menos tres comisionados y resolución fundada, para investigar infracciones. El rechazo se centró en la falta de garantías respecto al manejo de la privacidad. El diputado Diego Schalper (RN) afirmó que «no nos da lo mismo si aquí se custodia o no la información privada».

El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, cuestionó al Ejecutivo por no explorar la posibilidad de que el levantamiento del secreto bancario estuviera a cargo de un «organismo autónomo de verdad», en lugar de una entidad dependiente del Gobierno, indicando que, con esa garantía, podría respaldar el articulado en la Sala. El Gobierno explicó que la medida buscaba corregir una asimetría generada tras el traspaso de funciones de la antigua SBIF a la CMF.

DIVISIÓN DE LA DERECHA

A pesar del rechazo inicial, existe una división en la oposición. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha mostrado una apertura al levantamiento del secreto bancario, siempre que sea bajo la autorización de un juez que evalúe la solicitud de, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por ello, mientras el diputado Leal (UDI) está dispuesto a reevaluar su voto si el Ejecutivo ofrece garantías de autonomía, la bancada del Partido Republicano mantiene una postura más férrea. Su jefe de bancada, Cristián Araya, afirmó que no lo aprobará bajo ninguna condición, citando las denuncias del exdirector del SII, Javier Etcheberry, sobre el «mal manejo, las filtraciones y el acceso no autorizado» a información sensible por parte de funcionarios.