Tras meses de conflicto legal, WOM y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) alcanzaron un acuerdo que redefine las condiciones para el despliegue de la red 5G en Chile, luego de que la compañía incumpliera los plazos originales comprometidos en 2020.
En la licitación, WOM se adjudicó parte del espectro con la obligación de conectar 366 localidades —muchas de ellas rurales en La Araucanía— a más tardar en octubre de 2023. Sin embargo, dificultades financieras y procesos de reorganización judicial en Chile y Estados Unidos impidieron el cumplimiento, lo que derivó en sanciones, la ejecución de boletas de garantía por US$50 millones y litigios en tribunales locales y ante el CIADI, donde la firma acusó trato discriminatorio.
NUEVOS PLAZOS
El acuerdo establece un cronograma renovado: WOM deberá completar la totalidad de las 366 localidades antes del 5 de marzo de 2026, y avanzar en un 90% del proyecto técnico al 30 de septiembre de ese año. El 10% restante tendrá como plazo máximo el 31 de diciembre de 2026.
Como parte de la transacción, se ejecutarán boletas de garantía por 352.900 UF (unos US$14,3 millones), equivalentes al 31% del total comprometido. A ello se suma una compensación extraordinaria de 950 mil UF (aprox. US$38 millones) y el pago de US$500 mil para cubrir los costos de defensa del Estado ante el CIADI.
El pacto también contempla el retiro de todas las acciones judiciales interpuestas por WOM contra el Estado, tanto en Chile como en instancias internacionales.
DEBATE
Expertos valoraron el acuerdo como un precedente que combina sanción y pragmatismo, evitando prolongar un conflicto judicial y asegurando la continuidad del despliegue 5G. Sin embargo, advirtieron sobre el riesgo de que sea interpretado como un “perdonazo”, lo que exige fiscalización estricta para evitar nuevos incumplimientos.
En paralelo, el tema fue abordado en la comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado. A solicitud del senador Juan Luis Castro (PS), se acordó oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que explique los fundamentos de la transacción. Castro cuestionó que solo se haya ejecutado cerca de un tercio de las boletas, lo que —según dijo— podría constituir un perjuicio fiscal, reservándose además el derecho de acudir a la Contraloría. (NP-GPT-Emol)
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