La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se convertirá en la primera institución pública en acudir a la justicia tras los hallazgos detectados en la auditoría impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast sobre el funcionamiento del Estado durante la administración anterior.
La decisión surge luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal informara posibles irregularidades en distintos organismos públicos correspondientes al período 2022-2026, incluyendo observaciones en programas administrados por la Junaeb.
Según antecedentes conocidos este martes, el director nacional de la institución, Fernando Peña, junto a la jefa jurídica Catalina Poblete, sostendrán una reunión con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, para presentar formalmente una denuncia por presuntas irregularidades que superarían los $14 mil millones.
La acción también incluirá una presentación ante la Contraloría General de la República con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos detectados.
Las observaciones apuntan principalmente a posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, incluyendo pagos por servicios presuntamente no realizados y eventuales sobreprecios.
Parte de estas controversias ya habían surgido en 2023, cuando el exdirector de Junaeb Cristóbal Acevedo denunció en el Congreso pagos por miles de millones de pesos asociados a servicios de alimentación escolar en la Región de O’Higgins prestados por la empresa Soser.
Tras esas acusaciones, tanto la institución como la empresa negaron irregularidades y el caso fue investigado por el Ministerio Público, que posteriormente resolvió sobreseer la causa en 2024.
No obstante, la auditoría impulsada por la actual administración sostiene que aún existirían observaciones pendientes y nuevos antecedentes correspondientes a hechos ocurridos en 2023, último año de vigencia del contrato entre Junaeb y la empresa cuestionada.
Según fuentes ligadas a la investigación, la nueva revisión habría permitido elevar el monto de recursos observados hasta superar los $14 mil millones en pagos considerados improcedentes o mal ejecutados.
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, explicó que las auditorías han detectado errores, inconsistencias, debilidades de control e incluso antecedentes que eventualmente podrían configurar hechos de relevancia penal.
La exdirectora de Junaeb, Camila Rubio, rechazó las acusaciones y aseguró que tanto la Contraloría como el Ministerio Público ya habían revisado estos antecedentes sin detectar irregularidades.
Rubio afirmó además que los problemas observados durante su gestión fueron corregidos y acusó al actual gobierno de intentar construir un relato político para justificar recortes en beneficios sociales.
El caso se transformará en una de las primeras pruebas concretas de la denominada “auditoría total” impulsada por la actual administración para revisar el uso de recursos públicos durante el gobierno anterior. (NP-ChatGPT-La Tercera)
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