El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que la Tesorería General de la República recibió instrucciones formales para iniciar acciones de cobro ejecutivo contra los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida se enfocará inicialmente en el 20% de los morosos que perciben rentas brutas superiores a los $1,5 millones mensuales, quienes acumulan una deuda cercana a los US$800 millones con el fisco.
Durante su intervención en un seminario económico, el secretario de Estado reveló cifras alarmantes sobre la sostenibilidad del sistema, detallando que la cartera impaga aumentó ocho veces desde 2018, alcanzando actualmente los $4 billones. Quiroz enfatizó que se han detectado casos críticos, como 1.800 personas con sueldos superiores a los $5 millones mensuales que mantienen deudas vigentes, calificando la situación como una falta de responsabilidad frente a un beneficio estatal.
El jefe de las finanzas públicas aclaró que la ofensiva legal incluirá el uso de potestades de juicio ejecutivo y embargos para quienes cuenten con capacidad de pago y hayan evadido sus obligaciones. No obstante, envió un mensaje de tranquilidad a los deudores que enfrentan situaciones de desempleo o precariedad económica, asegurando que el foco no es una “caza de brujas”, sino un cambio cultural necesario para recuperar recursos públicos.
En la misma instancia, el ministro abordó ajustes a la gratuidad universitaria, señalando que los futuros estudiantes mayores de 30 años quedarán excluidos de este beneficio en carreras profesionales, aunque se mantendrá para el sector técnico-profesional. Quiroz subrayó que estas modificaciones no afectarán a los actuales beneficiarios y forman parte de las recomendaciones técnicas para la contención del gasto público en el marco del Plan para la Reconstrucción Nacional.
1.800 DEUDORES DE ALTOS INGRESOS
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, endureció su postura frente a la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE), anunciando acciones legales directas contra quienes presentan capacidad de pago pero mantienen sus cuotas impagas. Durante un seminario económico, el secretario de Estado reveló que existen 1.800 deudores que perciben remuneraciones superiores a los $5 millones mensuales y que, en conjunto, adeudan cerca de US$20 millones al fisco. La autoridad enfatizó que se utilizarán todas las herramientas del juicio ejecutivo, incluyendo posibles embargos, para recuperar estos recursos públicos.
Según el diagnóstico de Teatinos 120, la morosidad del sistema ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de $500 mil millones en 2017 a aproximadamente $4 billones en la actualidad. Quiroz atribuyó este incremento de ocho veces en términos reales a una falta de gestión de cobro por parte del Estado, asegurando que desde hace siete años no se han iniciado acciones efectivas de recuperación. En ese sentido, subrayó que el carácter de “derecho social” del crédito reside en su tasa subsidiada y el pago contingente al ingreso, pero descartó que la exención del pago sea una prerrogativa aceptable.
La ofensiva de Hacienda busca corregir lo que el ministro calificó como un problema de incentivos y de cultura de cumplimiento. Quiroz fue enfático al señalar que no debería existir defensa pública para quienes, habiendo progresado profesionalmente gracias al financiamiento estatal, eluden hoy sus obligaciones financieras. El plan de cobro se enmarca en la necesidad de ordenar las arcas fiscales, asegurando que aquellos que cuentan con altos niveles de liquidez contribuyan al sostenimiento del sistema educativo para las futuras generaciones. (NP-Gemini-Bio Bio-Emol)
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