En el marco de las reuniones bilaterales para el cambio de mando, la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se ha consolidado como uno de los puntos más críticos de la transición. El ministro saliente, Carlos Montes, junto a su equipo técnico, recibió a su sucesor, Iván Poduje, para abordar un escenario complejo: una deuda con el sector privado que Montes cifró en US$ 130 millones en octubre pasado —aunque gremios de la construcción elevan esa cifra a los US$ 1.000 millones— y una ofensiva judicial que suma miles de millones en demandas contra el Estado.
Según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el organismo ha debido representar al Minvu en 19 demandas interpuestas por constructoras e inmobiliarias en los últimos cinco años, acumulando pretensiones de pago por un total de $112.171 millones. De estos litigios, 15 se iniciaron bajo la actual administración, reflejando una creciente tensión entre la cartera y sus proveedores.
La mayoría de las causas se concentran en Santiago y responden a conceptos de indemnización de perjuicios o nulidad de derecho público. Entre los casos más emblemáticos destacan:
| Empresa / Proyecto | Monto Demandado | Motivo del Litigio |
| Inmobiliaria Punta Piqueros | $89.330 millones | Fallido proyecto de hotel en Concón; acusan permisos declarados ilegales tras su ejecución. |
| Inmobiliaria O’Brien | $6.510 millones | Proyecto en Vitacura cuyos permisos fueron revertidos posteriormente. |
| Fundación Urbanismo Social | $27 millones | Resolución de contrato; la entidad solicitó su quiebra en medio del “Caso Convenios”. |
Otro punto de fricción es el uso del sistema de confirming a través de Banco Estado, mediante el cual las empresas adelantan el cobro de sus facturas asumiendo ellas el costo de los intereses. Según registros recientes, más de 100 constructoras han recurrido a esta herramienta ante los retrasos en los pagos regulares del ministerio. Empresas como Constructora Concreta SpA y Oval Ltda. mantienen saldos pendientes bajo esta modalidad que superan los $19.000 millones cada una.+1
Este panorama financiero representa un desafío directo para Iván Poduje, quien no solo deberá gestionar estos pasivos, sino que también deberá financiar el plan de reconstrucción de la zona centro-sur, el cual tiene un costo estimado de US$ 648 millones. La capacidad de caja del Minvu para 2026 será clave para evitar que la paralización de obras y la desconfianza del sector privado afecten el cumplimiento de las metas habitacionales del próximo gobierno. (NP-Gemini-La Tercera)
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