El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación ante la reciente decisión de la justicia peruana que limita la capacidad del Estado para supervisar el megapuerto de Chancay. A través de su oficina para Latinoamérica, la administración de Donald Trump calificó la situación como una advertencia para la región, señalando que el control de infraestructura crítica por parte de empresas estatales chinas, a las que denominó como depredadoras, pone en riesgo la soberanía nacional.
La controversia escaló luego de que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima acogiera una demanda de amparo presentada por la empresa Cosco Shipping contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). El fallo judicial impide que el ente regulador peruano ejerza sus facultades de fiscalización sobre el terminal, dándole la razón a la naviera china bajo el argumento de que dicha supervisión vulneraría sus derechos de control operativo.
El puerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros de la capital peruana, representa una inversión estratégica controlada en un 60% por la estatal china Cosco Shipping y en un 40% por la minera Volcan. Con una capacidad proyectada de un millón de contenedores anuales, la infraestructura busca consolidarse como el principal centro de conexiones marítimas entre Suramérica y Asia, desplazando potencialmente el protagonismo de otros terminales en la costa del Pacífico.
Esta advertencia diplomática de Washington se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno estadounidense para frenar la expansión de China en proyectos de infraestructura clave en el continente. La situación ha generado alertas adicionales ante posibles sanciones comerciales, incluyendo la propuesta de asesores de Trump de aplicar aranceles del 60% a los productos que transiten por este puerto, intensificando la presión sobre la política exterior y económica del Perú. (NP-Gemini-Emol)
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