La consulta pública impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas ha generado una fuerte resistencia por parte de actores clave de la industria minera. Empresas como Codelco, Albemarle y gremios como la Sonami ingresaron observaciones técnicas donde cuestionan la falta de criterios científicos claros, la posible superposición con faenas operativas y los plazos acotados del proceso. La iniciativa, que forma parte de la Red de Salares Protegidos, busca resguardar ecosistemas críticos, pero enfrenta suspicacias por su impacto en la actividad productiva de la Región de Antofagasta.
Codelco, que recientemente ingresó al negocio del litio, criticó la falta de justificación ecológica para priorizar ciertos polígonos y sugirió acotar el área protegida a zonas donde efectivamente existan estudios ambientales que respalden la presencia de especies de conservación. La estatal cuestionó específicamente la inclusión de la chinchilla como objeto de protección en el sistema Soncor, argumentando que no existe evidencia histórica de su presencia en dicho hábitat. Esta postura es compartida por la Sonami, que advirtió sobre un riesgo de sobrerregulación que podría imponer restricciones relevantes sin un sustento técnico proporcional.
Por su parte, la estadounidense Albemarle presentó un extenso documento detallando que la nueva área protegida se traslapa con terrenos vinculados directamente a sus operaciones actuales. La empresa señaló que la declaración de protección podría obstaculizar labores críticas como el monitoreo de variables ambientales, el tránsito de personal y el cumplimiento de obligaciones derivadas de procesos judiciales previos, como el caso del acuífero Tilopozo. Debido a esto, la compañía solicitó formalmente modificar los límites propuestos para excluir sus áreas de interés operativo y de cumplimiento ambiental.
Finalmente, empresas ligadas al Grupo Errázuriz, como SCM Copiapó y Minera Nx Uno de Peine, denunciaron que el proyecto afecta sus concesiones mineras vigentes. Al igual que los otros actores, solicitaron dejar sin efecto el actual proceso de consulta ciudadana, acusando que la entrega de información ha sido insuficiente y que los plazos coincidieron con festividades de fin de año, lo que dificultaría una participación efectiva. Estas observaciones ponen de manifiesto la compleja tensión entre los objetivos de conservación del Gobierno y los derechos adquiridos de las empresas en una de las zonas más estratégicas para la minería global. (NP-Gemini-La Tercera)
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