La próxima titular de la cartera de Energía, Ximena Rincón, confirmó que la administración entrante analizará detalladamente la propuesta del actual Gobierno para el pago de la millonaria deuda acumulada con las distribuidoras eléctricas. Este compromiso financiero se originó tras el congelamiento de las tarifas implementado en 2019 y representa uno de los desafíos regulatorios más complejos para el nuevo periodo. Rincón enfatizó que la prioridad del Presidente electo será garantizar la transparencia en la fijación de precios y asegurar que los ciudadanos paguen el menor costo posible por el suministro.
Tras sostener un encuentro con el actual ministro, Álvaro García, la futura secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo en funciones planea ingresar un proyecto de ley basado en el trabajo de un comité de expertos y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ante este anuncio, Rincón señaló que será necesario conversar con los equipos técnicos, con el futuro ministro de Hacienda y con el propio mandatario electo para fijar una postura definitiva. La autoridad subrayó que la revisión es un paso responsable frente a una iniciativa que se presenta al cierre de la gestión actual.
Por su parte, el ministro García respondió que la presentación de la iniciativa legal solo tendrá sentido si existe un consenso político mínimo que permita su viabilidad parlamentaria. El secretario de Estado calificó como natural que el equipo entrante requiera de un tiempo prudente para estudiar los detalles de la solución propuesta. La autoridad en ejercicio indicó que esperarán la opinión oficial de la administración que asume el 11 de marzo antes de tomar decisiones finales respecto al ingreso del texto al Congreso.
La propuesta diseñada por el actual Gobierno contempla la implementación de un cargo fijo mensual de 1.450 pesos adicionales para todos los clientes del sistema por un plazo de 48 meses. Para mitigar el impacto económico de esta medida, el plan incluye un subsidio focalizado destinado a cubrir al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Este esquema busca saldar los compromisos pendientes con las empresas generadoras y distribuidoras que se han acumulado durante los últimos años de estabilización de precios. (NP-Gemini-Cooperativa)
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