La Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Santiago ordenó el pasado miércoles la «paralización inmediata» de los trabajos de conservación y rehabilitación que se ejecutan en el Palacio de La Moneda. Esta medida se tomó al constatar que la ejecución de las obras, que incluyen la instalación de andamios en un bien nacional de uso público, no contaba con el permiso correspondiente de la DOM.
La entidad edilicia indicó que esta acción infringe directamente el Artículo 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.) y el Artículo 5.1.19. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), elementos normativos esenciales para cualquier intervención de esta naturaleza.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que el municipio «no estaba informado» de las remodelaciones que se estaban llevando a cabo en el Palacio, y señaló que, si bien la remodelación cuenta con el aval del Consejo de Monumentos Nacionales, también requiere obligatoriamente la autorización de la Dirección de Obras Municipales. Desbordes agregó que los antecedentes fueron ingresados recién el martes y, además, se encuentran incompletos.
Presidencia de la República respondió al requerimiento municipal, asegurando que los proyectos buscan realizar mejoras en el inmueble histórico, incluyendo optimizaciones en accesibilidad y avances en las condiciones de habitabilidad de los recintos utilizados a diario por administrativos, profesionales y el personal de Carabineras que allí se desempeña.
Sin embargo, el Gobierno precisó que la gestión de la documentación y el proceso de la obra son responsabilidad contractual de la empresa ejecutora, la Constructora Pío V Ltda., la cual ya entregó los antecedentes solicitados por la DOM. Presidencia finalizó indicando que se harán cumplir los plazos y obligaciones de la constructora, según el contrato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas.
El plan de conservación y rehabilitación en La Moneda tiene un costo total de $4.629 millones e incluye trabajos en las dos fachadas principales del Palacio, así como diversas intervenciones estructurales internas. El proyecto también considera la remodelación del salón subterráneo, conocido popularmente como el «salón-búnker», construido originalmente en los años 80.
La Constructora Pío V Ltda., fundada en 1985 por el constructor civil Hernán José Cornejo Clavero, ha sido una adjudicataria recurrente en proyectos públicos. Desde 2018, la empresa acumula más de $18.600 millones en contratos con el Estado, entre los que se cuentan la reposición del cuartel PDI de Limache (2022), la construcción de «Espacio Mujer» en Conchalí (2020), y la rehabilitación de un Edificio Institucional para Aduanas (2019). Cabe destacar que la empresa registra un antecedente de multa aplicada en 2012 por emplear a un trabajador extranjero sin la debida autorización. (NP-Gemini-Emol)
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