El exministro de Energía, Diego Pardow, entregó formalmente a la comisión revisora su defensa de 121 páginas contra la acusación constitucional (AC) interpuesta por la oposición a raíz del error en el cobro de las cuentas de la luz. En el documento, la exautoridad cuestionó la AC tanto en su forma como en su fondo, solicitando que sea declarada inadmisible y se tenga por no presentada.
Pardow fundamentó su solicitud de inadmisibilidad en cuatro puntos principales, argumentando que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos mínimos constitucionales, pues no tiene asidero en las causales taxativamente previstas, carece de la fundamentación necesaria, no le imputa responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de ultima ratio de toda acusación constitucional.
En cuanto al fondo del asunto, el exministro se defendió de las imputaciones de haber ocultado información, señalando que haber comunicado públicamente las «inconsistencias» del error en 2024, sin tener claridad sobre su magnitud, se habría traducido en introducir «alarma en la ciudadanía» sin un objetivo determinado, comprometiendo el interés nacional. Además, sostuvo que una intervención pública en ese momento podría haber sido interpretada por la empresa Transelec como un acto de hostigamiento, usándose incluso en una potencial demanda ante el CIADI por supuesta «expropiación».
Central en su defensa es la naturaleza de su relación con la Comisión Nacional de Energía (CNE). Pardow aclaró que la relación entre el Ministerio de Energía y la CNE no es de tipo jerárquica. Por lo tanto, el Ministerio no posee competencias para fiscalizar las actuaciones del órgano técnico ni ejercer una potestad de dirección sobre él. El exministro explicó que la CNE es el organismo técnico y descentralizado encargado exclusivo de elaborar los informes base para el decreto tarifario, mientras que el ministerio solo actúa como instancia formal de promulgación. Pardow advirtió que acoger la acusación enviaría un mensaje perjudicial a futuros ministros, obligándolos a intervenir en la autonomía legal de un órgano técnico, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del país.
Finalmente, el exministro solicitó a la comisión revisora la citación de ocho abogados para el proceso. La comisión tiene ahora un plazo de seis días para analizar el texto y realizar su votación. (NP-Gemini-Emol)
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