La próxima negociación de la Ley de Reajuste del Sector Público se perfila como una de las más complejas y polémicas del último tiempo. A la tensión propia de la temporada electoral y la baja provisión de fondos en el presupuesto, se suma una grave alerta levantada por el ex Director de Presupuestos (Dipres) del gobierno anterior, Matías Acevedo. En entrevista con El Líbero, Acevedo denuncia que la Ley de Reajuste de 2025 dejó establecido que los bonos extras que reciben los funcionarios públicos ya no se negociarán anualmente, sino que quedaron permanentemente garantizados por ley.
Esto implica que el Estado deberá cubrir los US$300 millones que cuestan anualmente los aguinaldos, bonos de vacaciones y de escolaridad, incluso si el reajuste salarial del sector público llegara a ser rechazado o no se lograra un acuerdo. Acevedo califica esto de «escándalo», cuestionando qué otro trabajador en Chile tiene sus bonos asegurados por ley y señalando un «privilegio» que no posee ningún trabajador del sector privado.
El ex Dipres critica que este cambio, que transforma un beneficio transitorio sujeto a negociación en un derecho permanente, haya «pasado colado en el Congreso» y plantea un error de transparencia por parte del Ejecutivo si no se explicitó la modificación, o un error de los parlamentarios que la aprobaron. Acevedo enfatiza que los US$300 millones son un gasto permanente financiado con deuda, lo que contraviene la norma de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, agravando el déficit fiscal.
La polémica se suma a la controversia ya existente sobre el Presupuesto 2026, dado que Hacienda no ha transparentado el monto provisionado para el reajuste. Los equipos técnicos de oposición estiman una cifra de solo US$615 millones, muy por debajo de los US$2.173 millones del año anterior. Aunque el Gobierno argumentó inicialmente seguir la recomendación de la Comisión Asesora de Gasto Público de un reajuste 0%, se abrió a negociar, lo que desdibuja aún más el gasto final.
Acevedo sostiene que, al volverse permanentes estos bonos, se establece un piso de US$300 millones de gasto fijo, lo que generará una presión adicional para el próximo gobierno. Asimismo, el exfuncionario advierte sobre inconsistencias en el Presupuesto, señalando que faltan alrededor de US$1.000 millones para financiar la negociación del sector público y otros US$1.000 millones por la sobreestimación de ingresos. El ex Dipres no descarta que estas inconsistencias pudieran motivar una Acusación Constitucional si los responsables no se hacen cargo de los cuestionamientos. Finalmente, Acevedo encuentra «sospechoso» que, a pesar de la escasa provisión de fondos en el Presupuesto para el reajuste, los gremios de funcionarios públicos no hayan salido a manifestarse masivamente. (El Líbero)
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