La Mesa del Sector Público (MSP) ha decidido tensar la negociación del reajuste con el Ejecutivo al incluir como demanda prioritaria una norma que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios, con el fin de protegerse de los «despidos arbitrarios». La exigencia surge en medio de anuncios de campaña de los candidatos presidenciales de oposición, quienes proponen fuertes recortes del gasto fiscal que podrían implicar desvinculaciones masivas de trabajadores del Estado.
La preocupación se intensificó a diez días de la elección. Por ejemplo, el Partido Republicano ha señalado que un eventual gobierno de José Antonio Kast planearía un recorte de US$6.000 millones que implicaría «sacar a operadores contratados por el Ejecutivo». Más drástica es la propuesta del candidato Johannes Kaiser, cuyo plan contempla una reducción del gasto estatal de hasta US$16.000 millones y la desvinculación de cien mil funcionarios públicos del Gobierno central.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente, José Pérez, recalcó que la exigencia de una «carrera funcionaria» es un tema histórico, pero se refuerza ante la «violencia» y el cuestionamiento al rol del Estado por parte de la ultraderecha. Pérez explicó que buscan entregar «certeza» a los funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, cuyo contrato tiene vigencia anual. El dirigente citó como precedente el despido de más de 11.000 personas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que «daña la ciudadanía y daña la memoria del Estado».
La propuesta de la MSP ya genera ruido en el Congreso. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda manifestaron reparos a incluir una norma de tal magnitud en la ley de reajuste anual. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que se requiere una conversación más profunda para una «reforma importante al estatuto administrativo», criticando la actual «inmovilidad» y el aumento del 50% de trabajadores públicos en los últimos 15 años sin una mejora en el servicio.
Por su parte, el diputado UDI Felipe Donoso planteó una mirada estructural, señalando que mientras algunos funcionarios tienen «privilegios excesivos», otros viven en una «precariedad laboral brutal». Abogó por homologar el sistema, pasando a un único modelo, como el Código del Trabajo, que otorgue causales e indemnizaciones por despidos. Desde el sector de Kast, el diputado republicano Agustín Romero aseguró que «los buenos funcionarios públicos no tienen nada que temer», mientras que el independiente-republicano Miguel Mellado enfatizó que se evaluará caso a caso, buscando desvincular a los «apitutados políticos». (NP-Gemini-Emol)
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