La negociación por el reajuste salarial del sector público para 2026 se anticipa más compleja que en años anteriores, marcada por el inédito rechazo de la oposición al Presupuesto 2026. La disputa se centra en que la oposición acusa que los recursos para el alza salarial no están garantizados, ya que el proyecto de ley contempla que los salarios del sector se mantendrán «en valores nominales 2025». Aunque el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, insistió en que el reajuste está «debidamente asegurado», las dudas de los legisladores persisten.
En este contexto de tensión, la Mesa del Sector Público (MSP), que agrupa a 16 asociaciones de funcionarios, afina la cifra que presentará al Gobierno. La propuesta preliminar se acerca al 7% nominal, basándose en un cálculo que incluye:
Inflación: 3,7% proyectada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.
Crecimiento Económico: 2,5% esperado para el cierre del año (la actividad acumula un 2,4% a agosto).
Factor Adicional: Un «extra» para la recuperación del poder adquisitivo.
La cifra del 7% está en línea con el 7,5% nominal solicitado en la negociación del año pasado, que finalmente se cerró en un 4,9% nominal, aplicado en tres tramos entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Los gremios esperan concretar su propuesta el martes y buscarán adelantar el inicio de la negociación, tradicionalmente fijada para fines de noviembre, dado el contexto electoral. El nuevo monto debe regir a partir del 1 de diciembre de 2025.
ADVERTENCIA DE EXPERTOS
Economistas advierten que la propuesta de los funcionarios se encuentra «desajustada de la realidad fiscal» del país.
Ingrid Jones, economista de LyD: Señala que un incremento de esta magnitud (7% nominal) implica un alza real del 3%, lo que está por sobre la inflación y el reajuste real anterior. Insta al Gobierno a ser «muy cauteloso» y responsable en la negociación debido a la «debilitada situación fiscal». Jones sugiere un reajuste más cercano a la inflación, en torno al 4%, para garantizar la sostenibilidad y evitar un gasto adicional.
Juan Bravo, director del OCEC-UDP: Coincide en que el 7% está «bastante por sobre la inflación». Argumenta que la productividad laboral ha estado estancada en los últimos cuatro años, lo que ofrece «pocos fundamentos para un reajuste salarial por sobre la inflación», especialmente en el actual contexto de estrechez fiscal.
Además del monto, se espera que la negociación aborde materias legislativas laborales, incluyendo la implementación del proyecto de ley de 40 horas en el sector público y el régimen de teletrabajo. (NP-Gemini-La Tercera)
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