Un informe del 9° Estudio de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la educación superior ha generado una fuerte controversia en el país al revelar que más de un tercio de las carreras ofrecidas no garantizan un retorno económico positivo a sus egresados.
El análisis, que incluyó a 126 instituciones (universidades, IP y CFT), determinó que el 35% de las carreras presenta un retorno económico negativo, lo que significa que a largo plazo estudiar esa carrera resulta más costoso que rentable.
La FNE alertó de que la proporción de estudiantes que eligen estos programas sin retorno ha crecido, alcanzando cerca del 40% de los matriculados en 2023.
El organismo también identificó problemas graves en la toma de decisiones de los postulantes, fallas en la divulgación de información relevante sobre empleabilidad e ingresos, y la existencia de barreras regulatorias que limitan la competencia en el sistema.
CONGRESO: FALTA REGULACION
La publicación del informe trasladó la controversia al Congreso Nacional, donde parlamentarios de distintos sectores manifestaron su preocupación por el futuro de los jóvenes y la falta de control en el sistema.
La diputada Mónica Arce (IND-DC), presidenta de la Comisión de Educación, arremetió señalando que “lo más grave es que esto no es nuevo”. Acusó que se ha permitido la «expansión indiscriminada de carreras sin empleabilidad» y que la falta de regulación ha convertido a la educación en un «negocio».
Arce recordó que una de las promesas del Ejecutivo era una reforma profunda a la educación superior y advirtió que «el Estado no puede seguir permitiendo que miles de jóvenes apuesten su futuro en un sistema que muchas veces no les devuelve nada».
Desde la oposición, la diputada Marcia Raphael (RN) afirmó que el informe «confirma lo que hemos advertido hace años: el Gobierno ha dejado que la educación superior funcione sin rumbo ni control».
El diputado Stephan Schubert (Republicano) enfatizó la necesidad de que el Ministerio de Educación considere esta información, especialmente en carreras financiadas por el Fisco a través de gratuidad y créditos, para asegurar que el usuario escoja programas con retorno.
Finalmente, el diputado Arturo Barrios (PS) calificó la situación de «crítica» y afirmó que «no puede ser que un 35% de los centros de educación superior estén creando cesantes ilustrados, por el solo afán de lucro», llamando a tomarse el tema «muy en serio» porque compromete el desarrollo económico del país. (NP-Gemini-Emol)
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