Las principales asociaciones empresariales de Chile han levantado una alerta intergremial por la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), dirigido por Maisa Rojas, está elaborando los reglamentos de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Los líderes de la CPC, Sonami, CChC, SalmonChile, Corma, Sonapesca y otros gremios manifestaron su «profunda preocupación», advirtiendo que el proceso puede paralizar la actividad económica del país.
El núcleo de la controversia es la determinación, vía decreto, de 99 polígonos o «sitios prioritarios» que están en proceso de ser protegidos formalmente por el MMA. Esta figura, que emana de la Ley 21.600 (SBAP) de 2023, busca proteger la biodiversidad en cerca de 4 millones de hectáreas.
El problema, según el sector privado, es que la ambigüedad de la ley ha permitido al Ministerio establecer bases metodológicas para limitar ciertas actividades productivas —como extraer tierra, destruir nidos o recolectar especies nativas— sin contar con un marco reglamentario claro y consensuado.
EXPROPIACIÓN REGULATORIA
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, actuando como vocero de la declaración conjunta, utilizó una frase contundente: «Estamos frente a una posible expropiación regulatoria». Explicó que esta figura se da cuando se le impide al dueño de una propiedad ejercer los atributos esenciales de su dominio sin recibir ninguna compensación económica por parte del Estado.
En la misma línea, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, alertó que la medida, implementada «a través de decretos exentos», podría generar un «congelamiento de la actividad productiva» en áreas de derecho privado donde existen proyectos de inversión en minería, construcción y salmonicultura.
PETICIONES
Los gremios, que representan a los sectores productivos más afectados, valoraron la existencia de la Ley SBAP, pero solicitaron al Gobierno actuar con mesura. Sus peticiones concretas son:
Extender el plazo de la consulta pública, ya que consideran que «10 días hábiles más no son suficientes» para un análisis técnico profundo del listado de 99 sitios prioritarios.
Conformar mesas de trabajo multisectoriales que incluyan a todos los sectores productivos afectados para compartir el proceso.
Asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes.
Considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación económica del país.
BARRERAS ADICIONALES A LA INVERSIÓN
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, sumó su preocupación recordando que la economía ya está estancada debido a la cantidad de proyectos detenidos por temas ambientales. A su juicio, la falta de claridad en los reglamentos del SBAP constituye una «barrera adicional» que contribuye a ahuyentar las inversiones y genera un «problema grave para el crecimiento».
De igual forma, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio que proteja la biodiversidad sin «sacrificar sectores estratégicos» ni truncar las aspiraciones económicas de los habitantes del sur de Chile. La molestia del empresariado radica en sentirse «excluidos de un tema» que, según Riesco, ha sido «monopolizado por un sector» de la autoridad. (NP-Gemini-Emol)
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