La Contraloría General de la República emitió un dictamen que cuestiona la naturaleza fiscal del Fondo Solidario de Educación Superior (FES), el proyecto que busca reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE). Atendiendo un requerimiento del diputado Miguel Mellado, el organismo de control determinó que, tal como está formulado, el FES debe ser considerado gasto público y no un activo financiero, como lo asumía el informe financiero del proyecto.
El dictamen señala que «los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos» al momento de otorgar los beneficios, puesto que «no se tiene un derecho adquirido». Esto implica que los desembolsos del FES deben ser contabilizados «sobre la línea» del balance fiscal, es decir, como deuda, lo que tiene implicancias directas en el equilibrio fiscal estructural del país.
Diferencia Crucial: La diferencia fundamental es que, al ser gasto público, se suma a la deuda fiscal, mientras que, al ser un activo financiero, se contabiliza «bajo la línea» y no afecta el patrimonio fiscal.
Reconocimiento del Activo: La Contraloría precisa que solo se podrá contabilizar un activo (una cuenta por cobrar) «en el momento en que se determina el monto a cobrar» al beneficiario, basado en sus ingresos futuros.
Condonación: El organismo también indicó que cualquier condonación de deudas educativas —parcial o total— que se contemple en el proyecto supondría una baja en los activos financieros registrados por la Subsecretaría de Educación Superior, generando un impacto negativo como gasto patrimonial.
Expertos y analistas coinciden en que el dictamen pone en duda la base financiera del proyecto y confirma que el costo fiscal está subestimado:
Sylvia Eyzaguirre (CEP): Sostiene que al no ser un crédito que vincule el costo de los estudios con la contribución futura, el financiamiento se convierte «efectivamente en un costo (fiscal)». Para Eyzaguirre, el dictamen deja claro que el informe financiero de la Dipres está equivocado y que el gasto fiscal aumentaría exponencialmente, afectando el equilibrio.
María Paz Arzola (LyD): Indica que el dictamen cuestiona el modo de contabilización del Gobierno y sugiere que el proyecto tiene falencias. Advierte que, si los egresados de mayores rentas optan por otros mecanismos de financiamiento (en lugar de sobrepagar el FES), la demanda de gasto público será mayor, tal como ocurrió históricamente con el CAE y la gratuidad.
Matías Acevedo (Ex-Dipres): Afirma que el FES no es un activo financiero porque no existe una contraprestación, y considera que mantenerlo con su diseño actual es inviable porque generará una presión fiscal adicional que afectará la deuda pública.
El dictamen refuerza las advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y obliga al Gobierno a revisar la naturaleza fiscal y la contabilidad de la propuesta, sugiriendo una reformulación del proyecto. (NP-Gemini-La Tercera)
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