La propuesta del Gobierno de congelar nominalmente las remuneraciones del sector público en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido las alarmas en el mundo político y técnico, debido a la estrechez fiscal que obligará al próximo gobierno a realizar un ajuste considerable. Expertos y parlamentarios coinciden en que el Presupuesto carece del «colchón» de recursos necesario para financiar el inminente reajuste que se negociará en pleno periodo electoral, lo que compromete gravemente la solvencia de las cuentas públicas.
Las provisiones del Tesoro Público destinadas a gastos no previstos y leyes permanentes —que ascienden a unos US$ 2.200 millones para el próximo año— no son suficientes. La economista Bettina Horst (LyD) alertó que solo el reajuste al sector público, con un costo fiscal estimado en US$ 2.000 millones (similar al del año pasado), consumiría casi la totalidad de esos recursos, dejando sin financiamiento otros compromisos legales como el aumento de la cotización por la reforma de pensiones y el gasto por la nueva forma de nombramiento de notarios.
En privado, expertos fiscales tildan de «irresponsable» la decisión de la Dirección de Presupuestos (Dipres) de no dejar un monto provisionado para un reajuste que incorpore la inflación, cifrando en cerca de US$ 1.000 millones la falta de financiamiento. Esta brecha surge porque, en un año electoral, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y otros gremios ya han puesto un piso de negociación que al menos asegure un alza nominal del 3,7% (inflación acumulada).
La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Ximena Rincón, fue categórica al señalar que existen más de US$ 1.000 millones que «deben estar en este Presupuesto», y acusó al Gobierno de presentar un texto con un déficit real y con «gastos maquillados» para ocultar la verdadera situación financiera. Rincón advirtió que el déficit fiscal es una realidad que obligará a la próxima administración a reajustar el gasto de manera drástica o a endeudarse aún más.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), con mayor sutileza, también advirtió que si el esfuerzo por mantener las remuneraciones nominales no se cumple, se «presionaría ostensiblemente el resto del presupuesto» y se pondría en riesgo la meta de Balance Estructural. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, reforzó la crítica, estimando que el reajuste real podría alcanzar los US$ 900 millones extras que no están considerados, lo que dejará «holguras negativas» al gobierno entrante.
La Dipres, en su defensa, argumentó que los reajustes de años anteriores no son directamente comparables debido a la baja inflación actual y señaló que el financiamiento se cubrirá con las provisiones y con el ahorro derivado de la regla 3x1 (solo uno de cada tres funcionarios que se retiren será reemplazado).
Sin embargo, el centro de estudios LyD cuestionó la efectividad de la regla 3x1, calculando que el ahorro fiscal real por este concepto sería de apenas US$ 150 millones en 2026, concluyendo que «las cuentas no cuadran». La economista Bettina Horst finalizó señalando que, al dejar sin financiamiento el reajuste real, el Presupuesto 2026 deja «en pie forzado al próximo gobierno para hacer obligadamente un ajuste fiscal importante», que de no concretarse a tiempo, podría empezar a afectar los beneficios sociales.
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