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Castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones


La empresa de transmisión eléctrica Transelec se encuentra en medio de un proceso de venta, con la compañía china Southern Power Grid, la brasileña Patria Investments y el fondo soberano GIC de Singapur interesados en adquirir el 100% de sus acciones. Sin embargo, esta negociación se desarrolla mientras la empresa enfrenta dos serios golpes a su reputación corporativa que podrían repercutir en el precio que esperan obtener los actuales controladores, un consorcio de fondos de pensiones canadienses.

INFRACCIONES DEL GRAN APAGÓN

El primer revés se relaciona con el extenso apagón ocurrido el 25 de febrero. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Transelec, acusándola de ser responsable de la incapacidad de respuesta a la falla, luego de que la propia empresa reconociera que su sistema de control básico, conocido como Scada, no estaba funcionando. Este cargo fue respaldado por un informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que el 6 de octubre determinó al menos cinco incumplimientos de la mayor empresa de transmisión del país durante el corte de luz.

SOBREVALORACIÓN DE ACTIVOS

El segundo y más grave golpe financiero proviene de una autodenuncia de la propia Transelec. Hace un año, la empresa admitió ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) una sobrevaloración de sus activos que resultó en un costo adicional en las cuentas de luz de los usuarios finales, estimado en US$ 135 millones, una cifra que el ministro de Economía, Álvaro García, confirmó será devuelta a los consumidores.

Aunque el gobierno y la empresa no han detallado el origen del error, fuentes conocedoras admiten que la sobrevaloración no fue solo una equivocación. El error más evidente se habría producido en la declaración de los costos de construcción de las torres de una línea troncal de 500 kV para la fijación tarifaria 20202023. Transelec habría incluido costos de torres de retención (mucho más costosas, con grandes fundaciones de cemento y acero) cuando en realidad utiliza torres de suspensión (más económicas y con menor necesidad de materiales).

El castigo potencial al que se expone Transelec, de confirmarse la sobrevaloración, es altísimo. El artículo 72 de la Ley de Servicios Eléctricos establece que los activos que difieran sustancialmente de la realidad serán excluidos del siguiente proceso de tarificación y que las sumas percibidas en exceso deberán ser descontadas por hasta cinco períodos tarifarios.

Calculando la base mínima de US$ 135 millones en activos sobrevalorados, esta exclusión por hasta cinco períodos podría exponer a Transelec a una multa que superaría los US$ 675 millones. Esta cifra, confirmada como potencial por fuentes de gobierno y la industria, está supeditada a una auditoría pendiente que se relanzará este lunes 27 de octubre y que debe estar lista en diciembre de 2026. Si se confirman más activos no declarados, la multa podría ser incluso superior, golpeando el precio original de la compañía, estimado en US$ 4 mil millones.

En la industria transmisora, no obstante, se especula que la autodenuncia de buena fe de Transelec podría ser considerada un atenuante en la aplicación de la dura sanción legal. (NP-Gemini-Pulso)



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