El proyecto de descontaminación de Las Salinas, impulsado por Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, logró uno de sus mayores avances judiciales luego de que la Corte Suprema declarara inadmisibles y rechazara todos los recursos de casación presentados en su contra. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó la resolución favorable (RCA) y cerró la vía judicial que por años mantuvo en suspenso la iniciativa ubicada en Viña del Mar.
En su fallo, la Suprema concluyó que las impugnaciones no configuraban causales de nulidad, pues las observaciones de los reclamantes apuntaban a discrepancias en la valoración de la prueba y no a vicios procesales ni jurídicos del Segundo Tribunal Ambiental.
El tribunal también reafirmó que el proyecto tiene carácter de saneamiento ambiental y no inmobiliario, por lo que su ejecución no contempla edificaciones sobre suelos contaminados ni reemplaza los estudios de riesgo urbano exigidos por la legislación vigente.
A través de un comunicado, Inmobiliaria Las Salinas valoró la resolución calificándola como “una decisión contundente y unánime del máximo tribunal”, destacando que viene a reafirmar la consistencia técnica y jurídica de un trabajo desarrollado durante más de 20 años.
La iniciativa —cuya ejecución ha sido cuestionada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti— considera una inversión total cercana a los 1.300 millones de dólares a 2040, de los cuales ya se han ejecutado 20 millones. De acuerdo con la empresa, el fallo de la Suprema fija “una ruta clara” para la remediación de más de mil sitios urbanos con potencial contaminación en el país.
Durante las últimas décadas, el proyecto enfrentó continuos obstáculos judiciales y administrativos. Una de las gestiones recientes se produjo el 26 de septiembre, cuando los representantes de Copec y de la inmobiliaria se reunieron con el ministro de Economía, Álvaro García, para expresar su preocupación por los retrasos derivados de la “excesiva burocracia” y la falta de coordinación entre entidades estatales.
Según el acta de la reunión registrada en la Ley de Lobby, los ejecutivos solicitaron medidas que otorguen mayor certeza regulatoria y faciliten la concreción de inversiones urbanas en Viña del Mar, en un contexto en que —sostienen— los aspectos técnicos y ambientales del proyecto ya cuentan con respaldo judicial y administrativo.
El plan urbano contempla edificaciones de mediana altura para resguardar las vistas de la ciudad, un parque central que conecta el borde costero con el sector residencial y un 40% de superficie destinada a espacio público.
A mediados de 2024, la inmobiliaria había iniciado trabajos de ingeniería de detalle en el denominado Paño Sur del terreno, a cargo de Séché Group y IDOM Consulting, con el fin de actualizar la información técnica sobre el suelo y definir la etapa previa a la ejecución del saneamiento ambiental. (NP-Perplexity-La Tercera)
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