La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró que el principio de «confianza legítima» carece de sustento normativo en el ordenamiento jurídico chileno, una decisión que, según el gremio, vulnera los derechos de los trabajadores del sector público y debilita el Estado.
La sentencia del máximo tribunal del país ratificó un dictamen previo de la Corte de Apelaciones de Talca, estableciendo un precedente que impacta directamente en la estabilidad de miles de funcionarios públicos que operan bajo la modalidad de contrata.
El concepto de «confianza legítima» permitía a un trabajador a contrata apelar a la continuidad laboral si recibía señales consistentes por parte de la institución pública, como la renovación reiterada de su contrato. De esta forma, si la entidad decidía no renovar sin una justificación clara, el empleado podía exigir que se respetara su expectativa de seguir trabajando o, en su defecto, obtener una compensación.
Silvia Silva, vicepresidenta de gestión y finanzas de la CUT, expresó que el fallo no solo «vulnera las garantías y derechos de los trabajadores» sino que también afecta a la ciudadanía, advirtiendo que la decisión genera condiciones propicias para una «reducción del Estado» y un consecuente debilitamiento de los derechos ciudadanos.
La dirigenta calificó la resolución como «inconcebible» y un ataque directo contra el empleo público, instando con urgencia al Gobierno y al Parlamento a impulsar una reforma «profunda» al sistema de empleo estatal.
La reforma demandada por la CUT debe tener como objetivo poner fin a la precariedad contractual y establecer mecanismos que garanticen continuidad y estabilidad laboral para aquellos funcionarios que cumplen funciones de carácter permanente dentro de la administración pública.
Silva fue enfática al señalar que no puede haber una modernización del Estado mientras persistan formas de contratación que «vulneran los derechos básicos» de sus empleados.
La crítica sindical también apuntó a las alarmantes cifras de inestabilidad laboral dentro del propio Estado, con solo un 22,1% de funcionarios en planta, un 55,6% bajo la figura de contrata, un 5,6% a honorarios y un 16,7% en otros vínculos laborales precarios, lo que reproduce desigualdades y niega el principio del trabajo decente, así como convenios internacionales ratificados por Chile.
Este principio había concentrado la atención pública en noviembre de 2024, cuando la contralora Dorothy Pérez determinó que la Contraloría General de la República dejaría de revisar los reclamos basados en la «confianza legítima» al considerar que el asunto era materia de litigio y competencia exclusiva de los tribunales de justicia. (NP-Gemini-Emol)
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