El presupuesto 2026 destinado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) contempla un aumento del 13,1% en el gasto neto, pero incluye una reducción del 15% en la cantidad de subsidios habitacionales, disminuyendo de 196.233 en 2025 a 166.233 para 2026, según datos de la Dirección de Presupuestos publicados por El Mercurio. Este recorte implica 25 mil subsidios menos para el programa DS49, dirigido a grupos vulnerables, que pasará de 50 mil a 25 mil, y una disminución de otros cinco mil subsidios para el programa DS19 de integración social.
Estas medidas han generado críticas desde expertos y el sector de la construcción, debido al impacto que podría tener en la actividad económica y en la satisfacción de las necesidades habitacionales del país. Parlamentarios de distintos sectores manifestaron su preocupación por la reducción, calificándola de grave y destacando la necesidad de mantener y fortalecer el plan de emergencia habitacional como una política de Estado. Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, anunció una indicación para reponer estos recursos, mientras que el senador Juan Ignacio Latorre (FA) enfatizó la importancia de que el presupuesto sea flexible para acelerar la construcción de viviendas sociales.
El diputado Héctor Ulloa (PPD) advirtió que equilibrar las finanzas no debe hacerse “a expensas de urgencias sociales” y llamó a no afectar a las familias vulnerables. Por su parte, el senador David Sandoval (UDI) destacó que el Minvu enfrentará en 2026 una considerable deuda de arrastre, lo que afectará a las familias, y calificó esta situación como un reflejo de la compleja situación financiera que tendrá el Ministerio.
Desde el Minvu aseguraron que el presupuesto está destinado, por una parte, a finalizar la construcción de más de 300 mil viviendas comprom etidas en el plan de emergencia, y por otra, a financiar la etapa 2026 del nuevo programa habitacional DS49, que es más acotado debido al número importante de viviendas aún en proceso de construcción. Este equilibrio busca atender las demandas actuales sin dejar de cumplir con compromisos previos, aunque genera debate sobre la suficiencia de los recursos para enfrentar el déficit habitacional.
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