El Consejo para la Transparencia (CPLT) encendió las alarmas sobre el crecimiento de la dotación de funcionarios públicos, revelando que en el periodo de un año (septiembre de 2023 a septiembre de 2024), la Administración del Estado sumó más de 9.400 personas. La presidenta del CPLT, Natalia González, profundizó este lunes en los hallazgos del informe, destacando que el alza se concentró «exclusivamente» en la Administración Central.
El estudio comparativo mostró que la dotación total del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios. De este aumento, casi 10.000 nuevos trabajadores fueron contratados en ministerios, subsecretarías y servicios dependientes (Administración Central), mientras que las municipalidades experimentaron una leve baja de 287 empleados.
González subrayó la magnitud del gasto en personal, indicando que este representa alrededor del 22% del presupuesto total ejecutado por la Administración Central, porcentaje que se duplica hasta cerca del 48% a nivel municipal. En comparación con la región, la dotación chilena se ubica por sobre países como Brasil, México y Perú, aunque se mantiene en un rango más bajo que la media de la OCDE.
La presidenta del CPLT levantó una seria alerta sobre las figuras de contratación, señalando que en la Administración Central la contrata y los honorarios son las modalidades principales. Además, mencionó fiscalizaciones que han detectado «registros múltiples», es decir, personas contratadas bajo distintas figuras y en más de una institución, lo que podría constituir una infracción al Estatuto Administrativo si sobrepasa las jornadas de trabajo permitidas, un tema que debe revisar la Contraloría.
González enfatizó que la figura de contrata no debe superar el 20% del personal de planta, un límite que, según la fiscalización, está «superado» en casi todos los organismos centrales, salvo Corfo, constituyendo una «suerte de infracción al Estatuto Administrativo».
Ante este panorama, la líder del CPLT llamó a los legisladores a «sincerar las reglas de contratación» mediante una «mirada legislativa» y una «modernización» del estatuto del empleo público. Argumentó que la contrata se ha convertido en la «regla general» a pesar de los límites legales, y que existen problemas de «rigidez» para desvincular funcionarios de planta. La invitación es a «revisar ese estatuto administrativo, a actualizarlo y modernizarlo», concluyó González. (NP-Gemini-Emol)
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