Duros cuestionamientos han surgido desde el Congreso por el proceso de implementación de la ley EAT (Empresas de Aplicación de Transporte), más conocida como Ley Uber, cuya entrada en vigencia continúa en suspenso a más de dos años de su promulgación (abril de 2023). El último revés se debe al término anticipado del contrato con la empresa encargada de implementar la plataforma digital para el registro de conductores y vehículos, pieza clave para la fiscalización de la norma.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) confirmó a El Mercurio que el contrato, adjudicado por trato directo a Concordia Ediciones SpA en agosto de 2024 por $513 millones, fue terminado por «incumplimientos de las exigencias», dejando al sistema sin la infraestructura operativa necesaria.
El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, indicó que se pagó cerca del 39% del total de la licitación, es decir, alrededor de $200 millones, «exclusivamente por los trabajos realizados y visados». Sin embargo, el director ejecutivo de Concordia, Edgardo Montecinos, lamentó el impacto en la imagen de su empresa y adelantó que reclamarán el pago total, alegando que «la contratación fue por horas de desarrollo, no por el software completo, y eso se puede ver en la resolución de contratación».
CRÍTICAS TRANSVERSALES
El prolongado y fallido proceso generó un frente de críticas en el Congreso:
Juan Antonio Coloma (UDI): Calificó el manejo del MTT como «bochornosa la incompetencia… No solo gastaron más de $500 millones en una licitación que terminó con una empresa que no entregó ningún avance relevante, sino que además han retardado en forma vergonzosa la implementación de una ley vigente».
Carlos Bianchi (Ind.): Si bien el diputado sostuvo que el ministro Juan Carlos Muñoz y el subsecretario Daza se comprometieron a tener el reglamento operativo «antes de finales de año» y la ley implementada antes del fin del mandato, emplazó al MTT a aplicar las sanciones contempladas en la Ley EAT, ya que su existencia no impide que se comiencen a aplicar.
Jaime Sáez (FA): El diputado oficialista calificó la situación como «un traspié institucional» e «inaceptable que se pretenda sancionar o multar a trabajadores que simplemente no pueden acceder a una plataforma que el Gobierno aún no ha sido capaz de implementar». Argumentó que la responsabilidad es del Ejecutivo y que la fiscalización debe enfocarse en acompañar, no en castigar, mientras no exista un mecanismo funcional.
Juan Luis Castro (PS): El senador apuntó a un problema estructural con «múltiples factores», incluyendo la «impugnación sucesiva del mundo privado a los reglamentos en la Contraloría» y la fallida licitación, enfatizando que no es «entendible ni aceptable» que el gobierno termine su periodo sin que la ley esté en marcha.
NUEVO INTENTO
Pese al traspié, el Ministerio de Transportes aseguró que trabaja en los términos de contratación de una nueva empresa para dejar la plataforma lista antes del fin del mandato, en marzo de 2026. El Presupuesto 2026 contempla $875 millones para el «sistema de registro de la Ley EAT y Big Data» y $665 millones en gastos de continuidad (funcionarios y servicios Cloud).
No obstante, desde la industria, la vocera de la Alianza In (Uber, Cabify, Didi e InDrive), Marcela Sabat, advirtió que «resulta evidente que ya no existe el tiempo ni las condiciones técnicas mínimas para que este Gobierno logre implementar adecuadamente la nueva plataforma», urgiendo a buscar a la mejor empresa sin ánimo de apresurar el proceso en los próximos tres meses. (NP-Gemini-Emol)
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