La discusión sobre las áreas protegidas definidas por la Ley 21.600 —que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)— sigue tensionando a la industria minera. Este miércoles, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados un informe que alerta sobre los efectos del proceso en la pequeña y mediana minería del país.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, informó que se identificaron 273 instalaciones mineras dentro de los sitios prioritarios propuestos, de un total preliminar de 99 zonas. De ellas, 52 se ubican en la macrozona norte y 221 en la zona centro, afectando especialmente a localidades como Chancón, Catemu y Cabildo.
Según los datos del gremio, en la macrozona norte se encontrarían comprometidas 4.211 concesiones mineras —2.947 de explotación y 1.264 de exploración— que abarcan más de 755 mil hectáreas, equivalentes al 59% de la superficie total de esa zona.
Riesco instó a revisar el proceso “con mucho cuidado y cautela”, argumentando que los listados de sitios prioritarios publicados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) “no son conocidos” y podrían representar un riesgo para la continuidad de cientos de faenas. “Pedimos que se utilicen los tres años restantes de los cinco que la ley establece para analizar en detalle los límites y actividades dentro de estas áreas”, señaló.
El dirigente gremial advirtió que la incertidumbre es comparable a la vivida durante el debate constitucional: “La pequeña y mediana minería no sabe realmente a qué se va a enfrentar. Estamos ante un escenario que pone en riesgo su supervivencia”.
La preocupación se originó tras la publicación, entre el 3 y el 5 de septiembre, de tres listados de sitios prioritarios para las macrozonas norte, centro y sur, acompañados de un proceso de consulta ciudadana de 30 días a través del sitio web del MMA. Dicho proceso —que culmina entre el 17 y el 21 de octubre— definirá las nuevas zonas protegidas consideradas de alto valor ecológico, cuyas propuestas se someterán al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en diciembre.
En su presentación ante la Comisión, la Sonami alertó que “existe el riesgo de que se requiera una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o al menos una consulta de pertinencia para toda actividad económica desarrollada en sitios prioritarios”. Además, cuestionó que las áreas que no queden bajo el paraguas del SBAP seguirán siendo reconocidas como prioritarias por estrategias regionales sin aclarar qué tipo de actividades podrán realizarse en ellas.
El gremio solicitó al Ministerio de Minería intervenir para postergar los plazos y revisar los alcances de las medidas. La ministra Aurora Williams, según confirmó Riesco, manifestó su comprensión frente a las preocupaciones del sector. “Vemos con temor que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que puedan afectar la actividad minera”, concluyó el presidente de la Sonami. (NP-Perplexity-La Tercera)
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