El debate por la Ley de Presupuestos 2026 entra en su fase decisiva, con el proyecto presentado por el Presidente Gabriel Boric al Congreso y los primeros análisis de especialistas sobre su alcance fiscal. La propuesta contempla un aumento del gasto público de 1,7%, con incrementos relevantes en Vivienda (7,6%), Salud (5,6%) y Seguridad (1,2%). Además, elimina la denominada “glosa republicana”, que permitía al gobierno entrante disponer libremente de ciertos recursos, e incorpora la posibilidad de reasignar hasta un 1% del presupuesto.
El Ejecutivo proyecta que la economía chilena crecerá alrededor de 2,5% en 2026, con un déficit estructural cercano al 1,1% del PIB. Asimismo, se estima que la deuda del Gobierno Central alcanzará el 43,2% del PIB el próximo año.
La exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, advirtió que la discusión se está centrando en los aspectos de fondo, aunque criticó que el Ejecutivo “perdió la oportunidad de profundizar en el origen del problema fiscal”, al no abordar de forma suficiente la sobreestimación de los ingresos y la tardanza en ajustar las proyecciones con datos efectivos. A su juicio, el diseño del Presupuesto “es coherente con la actualización de los parámetros de referencia, pero carece de un enfoque conservador y realista en materia de ingresos”.
Torres advirtió además que podría repetirse el escenario del año pasado, cuando el Gobierno debió realizar ajustes durante la tramitación legislativa por presiones del Congreso. “La ausencia de medidas correctivas ante el incumplimiento de la meta fiscal anterior precariza la situación de las cuentas públicas”, afirmó.
En cuanto a las proyecciones de ingresos, la economista señaló que las estimaciones a largo plazo de 7,7% son optimistas, dado que no reflejan completamente el deterioro que se ha observado en 2025. “Este año los ingresos se ajustaron a la baja, con un crecimiento esperado de 6,8%, aunque para alcanzar la meta oficial se requeriría un aumento de 7,4%”, explicó.
Torres, quien también dirige el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, sostuvo que este escenario genera “un riesgo de financiamiento para las políticas públicas de 2026”, lo que podría forzar nuevos ajustes en el Congreso. Si las proyecciones de ingresos no se cumplen y el gasto no se reduce proporcionalmente, el déficit fiscal podría superar el 1,1% estimado, aumentando la presión sobre las finanzas del Estado.
Según la especialista, el deterioro fiscal de los últimos años responde tanto a proyecciones de ingresos sobrestimadas como a la falta de ajustes oportunos en el gasto. “No parece factible alcanzar la meta de -1,1% del PIB en 2026, pues aún persiste el rezago en la actualización de las cifras de ingresos. El desafío de recaudación continúa, lo que implicará una nueva postergación en la convergencia fiscal”, concluyó. (NP-GPT-Emol)
Be First to Comment