La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó un estudio inédito que revela un fuerte incremento en la carga regulatoria ambiental para proyectos de inversión en Chile durante la última década, en sectores estratégicos como minería y energía. El análisis se conoció justo cuando entró en vigencia la reforma al sistema de permisos sectoriales aprobada por el Congreso, y busca aportar evidencia sobre el fenómeno conocido como “permisología”.
A partir de la revisión de más de 1.300 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) emitidas entre 2015 y 2024, el estudio determinó que las obligaciones ambientales asociadas a cada proyecto aumentaron un 176% en diez años. Mientras en 2015 un proyecto enfrentaba en promedio 90 exigencias, en 2024 la cifra llegó a 250, llegando en algunos casos a 267. El incremento fue transversal, tanto en minería como en generación y transmisión eléctrica.
En minería, las obligaciones pasaron de 50 a 173 (246% de alza); en generación eléctrica, de 104 a 268 (158%); y en transmisión, de 92 a 237 (158%). El aumento impactó especialmente a los proyectos de menor tamaño: las iniciativas de menos de US$10 millones triplicaron sus compromisos en una década, alcanzando niveles que antes solo enfrentaban las grandes inversiones.
El presidente de la CNEP y exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, sostuvo que el objetivo es “fortalecer la calidad regulatoria con evidencia sólida y transparente, mejorando la productividad sin renunciar a la sostenibilidad”. El informe será presentado este 1 de octubre en el seminario “Regulación ambiental en Chile, ¿Qué dice la evidencia para potenciar la inversión?”, organizado junto a la Universidad Adolfo Ibáñez.
El estudio marca también un hito tecnológico: la CNEP desarrolló un modelo propio de inteligencia artificial generativa para procesar las RCA, extrayendo más de 220.000 obligaciones fiscalizables. Esta base de datos abierta permitirá a investigadores, empresas y autoridades comparar y auditar el cumplimiento ambiental. El proyecto contó con la colaboración del académico de Stanford Gabriel Weintraub, quien asesoró el diseño del modelo.
Según explicó el secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, la investigación no solo cuantifica el aumento regulatorio, sino que deja instaladas capacidades de análisis basadas en IA dentro de la institución: “Este ejercicio nos permitió procesar información antes inabordable y muestra cómo la regulación aplicada puede expandirse más allá de sus límites iniciales”.
El informe además distingue que 60% de las obligaciones se vincula a normas legales y reglamentarias identificables, mientras que 40% no cita una base normativa explícita. Esto, advierte la CNEP, genera heterogeneidad en las exigencias, encarece el cumplimiento y dificulta la comparación entre proyectos. También destaca que los compromisos voluntarios de las empresas han aumentado, lo que refleja un cambio en la manera en que se aplican los criterios regulatorios.
Los ministerios de Salud y Medio Ambiente concentran la mayor parte de las obligaciones con normativa de origen claro, principalmente en materias de residuos, sustancias peligrosas y emisiones. Para la CNEP, este patrón revela la centralidad de dichos sectores en la fiscalización ambiental.
Con este análisis, el organismo busca entregar insumos para el diseño de políticas públicas que reduzcan la incertidumbre regulatoria y aceleren la inversión, sin debilitar la protección ambiental. La advertencia es clara: en Chile, la carga ambiental de un proyecto pequeño en 2024 equivale a la de una gran inversión en 2015, lo que obliga a replantear cómo equilibrar sostenibilidad con competitividad. (NP-GPT-La Tercera)
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