Deudas de Ministerios de Salud y Vivienda se añaden a la presidencial

La crisis financiera que afecta la construcción de viviendas sociales, con foco en la deuda a constructoras y que involucra al Ministerio de Vivienda (Minvu), se ha convertido en el principal tema de debate político a pocas horas de que el Presidente Gabriel Boric presente el Proyecto de Presupuesto 2026 por cadena nacional.

Líderes de la oposición han endurecido su postura exigiendo transparencia y respuestas inmediatas del Gobierno sobre la deuda no reconocida que, según denuncian, afectará a la próxima administración.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, instó a los legisladores de su sector a no «abandonar la batalla» y exigió directamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que aclare la situación. Kast criticó la falta de respuesta del ministro y sugirió que existe arrepentimiento en el Congreso por no haber apoyado una acusación constitucional en su contra previamente.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, si bien no condicionó la tramitación del Presupuesto, calificó como «esencial» que el Gobierno entregue la información de la deuda para poder dimensionar el problema antes de discutir el erario.

Desde el oficialismo también se anticipa un debate centrado en Vivienda. Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara e integrante de la comisión de Hacienda del Senado, adelantó que pedirá formalmente la información sobre la deuda para contrastarla con el Presupuesto 2026. Lagos Weber señaló que «parece que es una realidad que no se han emitido las facturas y hay pagos pendientes», lo que debe ser resuelto antes de mirar al futuro.

Por su parte, la vocera Gael Yeomans (FA) afirmó que el oficialismo está interesado en la transparencia y en que las respuestas sobre los gastos públicos se entreguen durante la tramitación de la Ley de Presupuestos.

Además del problema en Vivienda, Evelyn Matthei abrió un nuevo flanco al denunciar que la deuda del Estado con proveedores del sector Salud ascendería a unos US$ 500 millones, lo que, según advirtió, «ponen en riesgo la atención de millones de pacientes». La candidata reiteró que la falta de información sobre estas deudas (tanto en Vivienda como en Salud) es un obstáculo básico para la correcta tramitación del Presupuesto.