Este lunes se concretará un hecho esperado por el mundo empresarial: la entrada en vigencia de la Ley de Permisos Sectoriales, más conocida como la ley que reduce la “permisología”, tras su publicación en el Diario Oficial. La iniciativa busca agilizar los tiempos de tramitación que, por años, fueron señalados como una traba para la inversión en el país.
El proyecto fue ingresado por el Gobierno a comienzos de 2024 junto con otra reforma a la evaluación ambiental (aún en el Congreso), y tras superar su paso por el Tribunal Constitucional y la Contraloría, quedó listo para ser implementado.
CLAVES DE LA NUEVA LEY
Tramitación paralela: los proyectos ya no deberán completar trámites consecutivos, sino que podrán gestionarlos simultáneamente. Según el ministro de Economía, Álvaro García, esto reducirá plazos de más de un año a solo dos meses en casos como la instalación de un jardín infantil o un pequeño restaurante.
Normas mínimas de tramitación: formularios estandarizados, plazos máximos obligatorios y el uso del silencio administrativo, que permite dar por aprobado un permiso si la autoridad no responde en el tiempo legal.
Técnicas Habilitantes Alternativas: mecanismos simplificados, como declaraciones juradas, aplicables a proyectos de bajo o mediano riesgo, sujetos a fiscalización posterior.
Ventanilla única digital: plataforma centralizada para ingresar y monitorear todas las solicitudes en tiempo real.
Proyectos estratégicos: en grandes iniciativas de energía, infraestructura o minería, los plazos de tramitación se reducen a la mitad y se asegura estabilidad regulatoria hasta por ocho años.
ENTRADA EN VIGENCIA
Algunas medidas comenzarán a aplicarse de inmediato, como la tramitación paralela y el ingreso obligatorio por la ventanilla única (en una versión inicial). Sin embargo, otros aspectos, como las Técnicas Habilitantes, requerirán reglamentos adicionales, por lo que la ley estará plenamente operativa hacia marzo de 2026.
El Gobierno estima que la reducción de tiempos oscilará entre un 30% y un 70%, dependiendo de la complejidad del proyecto, y en un 50% para los estratégicos. Según cálculos oficiales, la ley podría generar una recaudación adicional equivalente al 0,59% del PIB, además de un impulso al empleo en sectores como construcción, comercio, salud y servicios.
El Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial proyecta que la norma aportará un crecimiento acumulado de 2,4% del PIB en la próxima década (0,24 puntos porcentuales anuales).
“El principal objetivo es que quede totalmente operativa durante este gobierno, para potenciar la inversión, motor del crecimiento y la generación de más y mejores empleos”, afirmó el ministro García. (NP-ChatGPT-Emol)
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