“Permisología judicial” y déficit de magistrados agravan incertidumbre en proyectos de inversión, señala la edición de hoy de El Mercurio, tras detectar que las causas ingresadas a tribunales se duplicaron desde 2019 y hoy superan los US$ 2.000 millones en disputa.
Por otro lado, los plazos de sentencia pueden sobrepasar los 580 días, un lapso que no está referido únicamente a una eventual burocracia judicial sino al hecho de que los 15 cupos de jueces en Tribunales Ambientales, seis siguen vacantes, lo que obliga a subrogancias y retrasa la resolución en energía, minería e infraestructura.
La presidenta de la CPC, Susana Jimenez (en la foto), indica que la “judicialización en tribunales ambientales golpea con fuerza a los proyectos de mayor envergadura”. Mientras que el Senado debate cambios a los juzgados especializados, los tiempos para mejorar las cifras del actual Gobierno se agotan. (El Mercurio Red NP)
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