José Antonio Kast y Evelyn Matthei se comprometieron a hacer profundos recortes del gasto público en caso de llegar a La Moneda. Es que el año pasado el déficit estructural alcanzó el -3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por sobre la meta inicial de 1,9%.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) calificó el desvío como extraordinario e indicó que los ajustes aplicados -de US$800 millones- fueron insuficientes. Con ello en cuenta, el Gobierno implementó US$1.900 millones en correcciones. Aunque rtrasó la meta de déficit estructural para este año de -1,1% a 1,6% del PIB, lo que recibió críticas desde distintos sectores.
Es en este contexto en el que los candidatos opositores anuncian ajustes. En concreto, Kast indicó que llevará adelante un ajuste fiscal de US$6 mil millones en 18 meses, mientras Matthei planteó un ajuste de al menos US$8 mil millones, durante los cuatro años de administración.
La candidata de Chile Vamos precisó dónde de dónde tienen pensado ahorrar. Apuntó a US$700 millones de las licencias médicas, US$600 millones en compras públicas y US$400 millones en disminución burocrática. La duda que comenzó a surgir a partir de los dichos de los candidatos es si se trata de una promesa factible. Y acerca de las reparticiones desde donde se descontarían los recursos. ¿Qué posibilidades reales existen para llevar adelantes los ajustes?
«POLÍTICAMENTE COMPLEJO»
Juan Ortiz, investigador senior del OCEC UDP, señala que lo propuesto por ambos candidatos es «muy exigente y políticamente muy complejo de implementar». Explica que un ajuste del gasto de US$6 mil millones, como lo propone Kast, implicaría una reducción permanente en torno al 1% del PIB por US$4 mil millones el primer año y un 1,5% para el segúndo año, lo que equivaldría a US$2 mil millones.
Sobre el de Matthei, sostiene que sería necesario un ajuste de US$2 mil millones permanente por año; es decir, 0,5% del PIB el primer año, 1% el segundo año, 1,5% el tercero y 2% del PIB el cuarto.
¿El problema en ambos casos? Ortiz explica que para llevar adelante estos ajustes habría que esperar al menos hasta 2027. «Esto debido a que el presupuesto de 2026 se realizará durante la presente administración en los próximos meses, por lo cual no es plausible esperar un ajuste fiscal en el presupuesto público de dicha magnitud para el próximo año», indica.
Asegura, además que se debe tener en cuenta el grado de inflexibilidad del gasto. «Un poco más del 90% del total de gasto público tiene algún grado de inflexibilidad, asociado a normas legales junto con gastos de inversión comprometidos», dice.
«Si el próximo parlamento no es del mismo sector político, la posibilidad de realizar un ajuste de gran escala es limitado», complementa.
Pablo Müller académico de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, también ve dificultades, particularmente en la propuesta del candidato de Republicanos. «El ajuste de US$6 mil millones en 18 meses que propone Kast es muy difícil de concretar por su magnitud y el poco tiempo disponible, ya que implicaría recortes rápidos y profundos con alta resistencia política», sostiene.
«En cambio -asegura- la meta de Matthei de US$8.000 millones en cuatro años es más viable, pues distribuye el esfuerzo y se apoya en medidas concretas, aunque depende de que se logre el crecimiento económico proyectado».
«AMBAS PROYECCIONES PUEDEN SER CIERTAS»
Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Unab, dice que «ambas proyecciones pueden ser ciertas». «En términos generales, Kast posiblemente vaya por la fusión de ciertos ministerios, lo que se traduce en la reducción de la planta funcionaria. También en consideraciones generales, ambos candidatos apuntan a una racionalización en las contrataciones», indica.
«En la línea de la revisión de programas públicos, a partir de evaluarlos, se va a tomar la decisión de cerrar los que están mal evaluados, y que no están generando los efectos que se esperaban.
Otra opción es disminuir los recursos para esos programas», sostiene asimismo. Por último, para Patricio Órdenes, «no ha habido un momento político en el que sea más factible iniciar un programa de recorte del gasto público que hoy».
«La deuda pública -recuerda- está muy cerca de pasar los niveles prudentes, y los casos de licencias médicas fraudulentas han dado cuenta que una parte importante del gasto se despilfarra». «Es factible -señala- ahorrar en programas públicos mal evaluados o con alto gasto adminsitrativo, reducir el ausentismo laboral por licencias médicas dentro de reparticiones públicas, mejorar la focalización de la gratuidad, moderar el crecimiento de las remuneraciones del sector público, o reducir el uso del subsidio por incapacidad laboral. Solo en esas 5 medidas, ya hay cerca de US$2.500 millones de menor gasto público». (Emol)
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