El Congreso despachó a ley el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, quedando listo para su promulgación. Durante esta jornada, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron el informe de la comisión mixta, que resolvió las diferencias entre ambas corporaciones.
Si bien el grueso del proyecto —incluido el reajuste salarial— ya había sido aprobado con amplio respaldo en tramitaciones anteriores, este miércoles se zanjaron los nudos pendientes.
La iniciativa contempla un aumento del salario mínimo a $529.000 a contar del 1 de mayo de 2025, y una segunda alza a $539.000 a partir del 1 de enero de 2026.
El incremento correspondiente a mayo tendrá carácter retroactivo. Uno de los puntos más controvertidos fue la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida, que contemplaba un gasto fiscal de $4 millones para 2025 y, a partir de 2026, un gasto en régimen de $23 millones.
Sobre este punto, la comisión mixta resolvió autorizar la creación del observatorio, pero sin financiamiento. Es decir, se permitirá que el Consejo Superior Laboral establezca un equipo para analizar las alzas y variaciones en el costo de vida, pero sin recursos públicos asignados.
Según explicó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, el observatorio estará conformado por representantes del Ejecutivo, de los trabajadores y de los empleadores:
«Esto lo conversamos con la CUT y con el objetivo de respetar el acuerdo que teníamos, se decidió de todas maneras avanzar en el observatorio, se van a integrar de manera tripartita y este es un observatorio que va a sesionar mensualmente justamente para que el próximo año, cuando lleguemos a este debate, este Congreso pueda contar con insumos más precisos justamente para darlos»
La decisión de dejar sin financiamiento al observatorio fue criticada por parlamentarios oficialistas. El diputado Boris Barrera (PC) afirmó que «respecto al financiamiento del observatorio, es importante destacar que se trataba de una suma muy reducida, una cifra significativamente menor en comparación con los 934 millones anuales que cuesta, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, que tanto le gusta a la derecha».
«¿Por qué se rechazó el financiamiento de una instancia tripartita que fomenta el diálogo social? Detrás de esta decisión por parte de la derecha, subyace una postura ideológica orientada a limitar la acción colectiva de los trabajadores mediante la restricción de recursos», agregó.
En la misma línea, el diputado Diego Ibáñez (FA) cuestionó la decisión del Senado: «El Senado rechazó el fondo de formación sindical y el observatorio para evaluar el costo de la vida diciendo que no había que gastar más dinero, que había que reducir el Estado, que había que reducir el gasto fiscal porque esto sería inútil para las y los trabajadores. Yo me pregunto, en esta Cámara, cuando quisimos rebajar el sueldo en un 50%, esta misma Cámara nos dijo que no. Se rebajó en la mitad de la mitad y ahora nos damos el lujo, el Senado, de rechazar una propuesta que viene a fortalecer la formación sindical». (Emol)
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